Grupo "Aurora"

Manifiesto Liminar


La República frente a la decadencia nacional.


Los argentinos estamos azorados ante la decadencia del país, que se manifiesta en diversos aspectos de la vida nacional y en particular, en la degradación constante de nuestras instituciones políticas y sociales.

Existe una violación sistemática de nuestra Constitución Nacional y de los principios del sistema republicano y federal que ella consagra.

No hay una adecuada división y equilibrio de los poderes, ya que el híper- presidencialismo ha avanzado, ante la abdicación de las funciones de control, tanto del Congreso como del Poder Judicial.

La independencia de los poderes, y en particular de éste último, se encuentra amenazada de manera particular, luego de las modificaciones efectuadas en el Consejo de la Magistratura, donde se ha roto el equilibrio en su integración previsto por la Ley Fundamental, y en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como resultado de los cinco juicios políticos promovidos entre 2003 y 2004

Hay una democracia corporativa y delegativa de muy baja calidad institucional. Ejemplos de ello son, entre otros: las delegaciones legislativas, el dictado de decretos de necesidad y urgencia y los llamados superpoderes a favor del Jefe de Gabinete de Ministros.

En nuestro país se gobierna por decreto y por muy pocas personas, bajo el oscuro manto de la emergencia, que sólo ha servido para la concentración autoritaria del poder, tanto político como económico.

Por estos días, el avance antirrepublicano ha alcanzado a la libertad de periodistas independientes, ejemplificada en las presiones efectuadas sobre éstos, además de la compra de medios de comunicación por parte de empresas estrechamente ligadas al oficialismo de turno.

A ello se ha sumado la limitación de las funciones de la Auditoria General de la Nación y de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas frente a los gravísimos hechos de corrupción denunciados.

Las violaciones al federalismo son similarmente gravosas para la vigencia constitucional plena y la salud de la Nación. El centralismo fáctico de Buenos Aires ha retrotraído los tiempos de la República a los previos a la conformación de la nacionalidad, pues el manejo de los recursos públicos ha servido para centralizar el país e imponer la voluntad discrecional del poder político central por sobre el jurisdiccional, afectando las autonomías provinciales y municipales, además de ser funcional a la cooptación de Gobernadores e Intendentes de distinto signo político o a la dependencia política de los liderazgos provinciales. Se atenta contra la Constitución al no sancionarse la ley convenio de coparticipación impositiva.

La agobiante incertidumbre que generan las falsas estadísticas oficiales, encargadas de medir los índices de desocupación, pobreza, marginalidad e inflación, ocultan el verdadero estado de situación de la economía argentina impidiendo el normal desenvolvimiento de las actividades productivas. La sociedad sufre esa ruptura con frustración, aunque no sin esperanzas –como lo prueban las últimas elecciones-, porque siente que aún le faltan las posibilidades reales de que se establezcan las políticas para estimular la producción, con un Congreso que todavía debe probar no ser más cautivo del un Poder Ejecutivo que parece, aún después del mensaje de las urnas, negarse a escuchar la voluntad popular y a dialogar.

Por lo tanto, la primera tarea que la hora demanda es, en nuestra opinión, el restablecimiento de la plena institucionalidad democrática y republicana, mediante el respeto irrestricto del ordenamiento jurídico fundamental. Tenemos la convicción que un profundo proceso de cambio debe abarcar al Estado y a la sociedad argentina, en las vísperas del Bicentenario.

La segunda tarea, tan inmediata como la anterior pero quizás de más largo aliento, es la lucha sistemática, perseverante y consistente por el desarrollo económico, la igualdad de oportunidades, la justicia social, el bienestar general y en particular de los sectores más postergados, y la concordia nacional; y contra, en especial, la injusticia, la pobreza y la degradación cultural. Con esa vocación patriótica y de servicio, nos permitimos enunciar algunas reflexiones que ponemos a consideración de la ciudadanía.

Los argentinos necesitamos volver a la República.

Debe partirse de la ética y la moral como fundamentos de toda acción política y social, lo que supone combatir la corrupción y las oscuras prácticas administrativas y electorales, la manipulación de personas, los métodos para burlar la transparencia del régimen representativo, los vicios del nepotismo y el uso indebido de los bienes públicos.

Es necesario recurrir al ejemplo de las conductas personales y volver a las más puras prácticas de austeridad, responsabilidad y transparencia públicas para restablecer la confianza del pueblo en las instituciones, en cumplimiento de los principios republicanos y democráticos.

Es menester que exista plena división y equilibrio de los poderes del Estado, con adecuados controles entre ellos, tal como lo ordena la Ley Suprema.

El Congreso debe ejercer su rol de celoso defensor de sus atribuciones legislativas y de control político, derogando la legislación de emergencia, la delegación de facultades legislativas y controlando estrictamente los decretos de necesidad y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo. Debe constituirse también en el ámbito genuino del debate nacional sobre los grandes temas pendientes de la argentinidad.

El Poder Judicial debe defender su independencia y ejercitar adecuadamente el control de constitucionalidad, para salvar la supremacía de la Carta Magna e impedir las lesiones al sistema republicano.

La reafirmación de la democracia y la plena vigencia de los derechos humanos exigen redefinir el papel de un Estado que se ha mostrado incapaz en el cumplimiento de sus funciones.
Estamos convencidos de que todo proceso de cambio social debe asentarse en la educación y en el progreso de la ciencia y la tecnología, como lo supimos hacer en otros momentos de nuestra historia.

Se impone la modificación del sistema tributario, notoriamente injusto y regresivo y la adopción de políticas activas fiscales, crediticias y presupuestarias para mejorar la producción económica del país, al servicio de una mejor distribución de la riqueza, que nos aleje de los gravísimos índices de pobreza y exclusión social que se observan.

Igualmente es esencial producir un cambio en nuestras relaciones internacionales, para volver a insertarnos con seriedad y prestigio en el actual mundo globalizado.

El tratamiento de la Deuda Pública Externa deberá encauzarse jurídicamente devolviendo al Congreso el ejercicio efectivo de su atribución constitucional de "arreglar la deuda", exigiendo que se pague sólo lo que sea legítimo de lo que se reclama a nuestro país, se efectúe una auditoria integral e independiente de la deuda pública y un censo obligatorio de acreedores


Por la vigencia del federalismo.

Resulta fundamental dar cumplimiento al proyecto federal de la Constitución, que asegura la plena autonomía de las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los municipios y el desarrollo equilibrado e integrado del país.

Pensamos en un federalismo de concertación y de políticas públicas responsables, a través de una planificación estratégica, que persiga el desarrollo integral del país, en lugar de servir a las presiones corporativas o a visiones unilaterales del poder en ejercicio. Debe comenzar de inmediato el debate sobre una nueva Ley Convenio de Coparticipación Tributaria, que debió haber sido aprobada en 1996, respetando los principios constitucionales de equidad, solidaridad y grado equivalente de desarrollo y sobre la base de criterios objetivos de reparto. Así podrán resolverse los problemas de nuestro federalismo fiscal, desvirtuado en la actualidad, dado que se ha modificado la relación de los montos coparticipables entre Nación y Provincias, habiéndose invertido las proporciones, siendo hoy más del 70 % retenido por la Nación, en desmedro de lo que históricamente correspondía a las provincias. Esos mismos principios constitucionales enunciados deben aplicarse cuando se sancionen las leyes de presupuesto nacional, como lo dispone la Ley Suprema, al tiempo que deben erradicarse definitivamente prácticas espurias de técnica presupuestaria, mediante las cuales se subestiman manifiestamente las proyecciones de los recursos presupuestarios, con el oculto e inconfesable propósito de administrar luego, discrecionalmente, aquéllos excedentarios de los alcanzados por la ley.

Es menester impulsar, por parte del Senado, leyes que tiendan al crecimiento armónico de la Nación, equilibrando el desigual desarrollo de provincias y regiones. Debe promoverse el crecimiento económico y social de las regiones para la integración del país, y la modificación del ordenamiento territorial existente, tantas veces denunciado, que exhibe un enorme proceso de concentración en el área metropolitana de Buenos Aires en desmedro del desarrollo armónico del conjunto nacional. Hay que derogar la legislación que limita la plena autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con respecto a parte del Poder Judicial, de la Policía Federal y de los Registros Públicos, de acuerdo con la letra y espíritu de la Constitución Nacional.

Por la educación como política de Estado

Vemos con preocupación que en la actualidad no se reconoce a la educación la función estratégica que le corresponde, pasando por alto que ella debe formar personas con autonomía y aptitud para hacer valer sus derechos, y ser también componente básico de la riqueza nacional, en un mundo que privilegia el conocimiento, la ciencia y la tecnología.

Es preciso evitar el abandono de la instrucción en niveles primarios y el deterioro de su calidad, y proveer un programa eficiente de formación acorde con las nuevas exigencias tecnológicas, porque de otro modo se confina a amplios sectores de la juventud a trabajar con desaliento o, incluso, a ser excluidos del mercado de trabajo, quedando librados a su suerte.

En nuestro desarrollo histórico, caracterizado por una gran movilidad social, los desocupados tenían de alguna manera la perspectiva de salir de esa situación; pero actualmente su identidad ha cambiado a la de marginados, y muchos de ellos son arrojados a someterse a formas de vida que afectan la dignidad humana. Entre las políticas públicas que deben implementarse para revertir ese estado de humillación, debe destacarse especialmente a las educativas.

Debemos retornar a la educación emancipadora creada por Sarmiento; para ello, se deben establecer en el nivel nacional los grandes lineamientos de la política educativa pero con efectiva vigencia de los principios establecidos por la Constitución, que asegure la implantación de la herramienta igualadora que permitirá la inclusión social de millones de compatriotas.

La calidad educativa y la excelencia académica para nuestros jóvenes son pilares para el desarrollo humano y la inserción al mercado laboral en un mundo interdependiente, global y competitivo. Las investigaciones deberán orientarse a sentar las bases que atiendan las necesidades de la Nación y el conocimiento que las sustenta.
Por una urgente reforma política

Consideramos que esta decadencia institucional que nos aflige ha alcanzado al conjunto de la sociedad y en particular, a los partidos políticos.

Es sabido que la calidad y suerte de la democracia está íntimamente ligada a la de los partidos, ya que ellos son los instrumentos insustituibles de la misma. En consecuencia, el proceso de cambio que es imprescindible impulsar en el país debe alcanzar a los partidos políticos, en los que no rige una verdadera democracia interna y no cumplen adecuadamente las funciones esenciales a su cargo.

Es crucial revitalizar, fortalecer y modernizar a los partidos, en particular, su organización democrática interna. La formación política debe ser promovida en forma creciente y permanente, conforme al expreso mandato constitucional.

Existe un reclamo de la sociedad a favor de la jerarquización de la política y la claridad de las conductas, que rechaza lo que se ha llamado el “transfuguismo” y el “clientelismo”, entre otras formas de degradación, que los partidos tienen la obligación de superar para generar mejores condiciones de vida institucional democrática.

Afirmamos que la nueva República que proponemos tiene la necesidad de contar con una ley de libre acceso a la información pública, propender a la construcción de una democracia participativa, reformar los procedimientos de control de los procesos electorales substrayendo del Ministerio del Interior las facultades que detenta en esta materia. Asimismo, creemos que se debe revisar la legislación electoral de manera de impedir la discrecionalidad en el manejo de candidaturas, cargos electivos, entre otras cuestiones.

Del mismo modo, se debe establecer la especialidad del fuero electoral y dotar a la Justicia Electoral de todos los medios necesarios para llevar a cabo sus funciones.

La sociedad argentina reclama concordia.

Tras la muerte del ex Presidente de la Nación, Dr. Raúl Alfonsín, y harto de las falsas dicotomías que se plantean desde el oficialismo, el pueblo argentino ha reconocido mayoritariamente el valor la concordia como instancias superadoras y necesarias de diálogo franco y civilizado entre los actores sociales y políticos recuperando y fortaleciendo la "paz interior" que indica el sabio Preámbulo de la Constitución Nacional como uno de los fines supremos de la argentinidad. La sociedad reclama más diálogo, más debate de ideas y propuestas y más equilibrio de poder en un país que urge por su integración.

Este es un espacio de ideas abierto al progreso.
La actualidad demanda, como ya lo hemos dicho, la absoluta independencia de los poderes del Estado y el diálogo democrático necesario para que sea posible la definición de políticas públicas estratégicas sustentables pensadas a partir de la defensa irrestricta del interés nacional en materia de recursos, en especial los energéticos que deben ser explotados racionalmente, preservando el ambiente para las generaciones por venir y con la irrenunciable participación del Estado en resguardo del mencionado interés nacional.
Sostenemos que la resignación en el dominio real de bienes que mundialmente tienen asignado el carácter de estratégicos, debe ser revertida, tal como lo exige el Preámbulo de nuestra Constitución.
Asimismo, la sociedad reclama por instrumentos que permitan afirmar las condiciones de seguridad jurídica para favorecer y estimular las inversiones, tanto nacionales como internacionales, potenciar el valor del trabajo, asegurar la función social del salario y proveer un horizonte seguro de previsión social, tendientes a la creación de empleo genuino, desarrollo económico sostenido, distribución del ingreso y elevación de nuestra calidad de vida, en el marco del respeto a los derechos fundamentales, incluyendo el de propiedad, tal como los consagra nuestra Carta Magna.

A un año del Bicentenario de la Patria nos proponemos reflexionar y pensar el país que queremos para los próximos tiempos, respetando nuestros orígenes y mejores tradiciones; guiados por los principios de libertad, igualdad, solidaridad, justicia y paz.

La integración de las ideas de quienes conformamos el Grupo Aurora está representada por las diversas expresiones de distintos orígenes de pertenencia y de la pluralidad de los ámbitos políticos y académicos que la conforman y que se nuclean en torno de ejes comunes, propositivamente refundantes de la República del Bicentenario, a los que, con vocación de servicio y pasión argentina, intentamos aportar desde la formación, el compromiso y la vocación democráticos de cada uno de sus miembros.

En ese entendimiento nos convocamos y convocamos a todo el Pueblo argentino para que aportemos a la República las mejores ideas y propuestas que consoliden la democracia social en la Argentina.


Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de Julio de 2009.


Firmantes: Aguinis, Marcos; Alice, Beatriz; Alterini, Atilio; Baigorria, Nélida; Baigorria, María Teresa; Balestra, René; Barovero, Diego; Blanco Muiño, Fernando; Calleja, Gustavo; Espeche Gil, Miguel Ángel; Grinspun, Gustavo; Guebel, Claudia; Hernández, Antonio María; Inchausti, Miguel Ángel; Lacerca, Carlos; Lentino, José María; Loñ, Félix; Luna, Félix; Mahler, Israel; Malek, Adriana; Manili, Pablo; Martínez, Víctor Hipólito, Mayer, Jorge; Quevedo, Horacio; Roulet, Elva; Sabsay, Daniel; Sanguinetti, Horacio; Sola, Juan Vicente; Solari Yrigoyen, Hipólito; Vanossi, Jorge Reinaldo; Wajntraub, Javier; Weinschelbaum, Emilio; Weinschelbaum, Ernesto; Zbar, Agustín.