He considerado muy oportuno difundir la declaración que fuera producida por la Junta ejecutiva de la Juventud Radical de la provincia de Buenos Aires del día 11 de abril del año 1982.
La referida Organización estaba fuertemente hegemonizada por la Junta Coordinadora Nacional de la Juventud Radical de la provincia de Buenos Aires. La aclaración es pertinente, ya que en esos momentos la posición de la Coordinadora a nivel nacional no fue única y tuvo discrepancias de acuerdo a las regionales a las cuales perteneciera.
Nuestra posición referida a los acontecimientos que conmovían al país y al mundo, coincidieron con lo que en ese momento planteó Raúl Alfonsín, Dante Caputo y Jorge Sábato entre otros. Recuerdo que algunos de los debates para intentar tener una posición única se realizaron en el Estudio Jurídico de Dante Ghiadone, y que la discrepancia principal se produjo con los integrantes de la Coordinadora de la Capital Federal y también de Entre Ríos.
El documento habla por sí mismo y tiene un enorme valor histórico ya que fue aprobado por aclamación en un numeroso plenario desarrollado en la ciudad de Necochea, y como puede apreciarse en la fecha, apenas 9 días después de la recuperación militar de las Islas Malvinas y en medio de un clima de euforia popular por este hecho, que entre otras expresiones se manifestó en concentraciones multitudinarias en la misma Plaza de Mayo, que apenas unos días antes había sido testigo de sangrienta represión contra quienes nos oponíamos a la dictadura militar.
La casi totalidad de la dirigencia política argentina, incluidos aquellos que se identificaban con posiciones de izquierda y progresistas, como Oscar Alende, o combativas, como Saúl Ubaldini, fueron parte de la comitiva que las autoridades militares de la dictadura organizaron para realizar un acto en el territorio de la propias Islas Malvinas. Nuestro Partido, concurrió a través de su autoridad, en esos momentos Carlos Contín, pero algunos dirigentes con fuerte influencia y amplia representatividad se opusieron públicamente y señalaron las consecuencias nefastas que sobrevendrían, entre ellos: Raúl Alfonsín y el ex Presidente de la Nación Arturo Umberto Illia.
Nosotros, éramos jóvenes militantes que resistíamos tenazmente a la dictadura y a propósito de lo que ahora se conoce y difunde como “el relato”, vale la pena destacar que muchos de quienes hoy ocupan lugares en el poder también se contagiaron de la misma euforia, y otros en el colmo de la inmoralidad y la incoherencia hasta planteaban negociar políticamente con la dictadura ofreciéndose como combatientes en esa aventura, es el caso patético de los montoneros.
El documento da las razones y argumentos de nuestra oposición al aventurerismo militar, a la vez que reivindica nuestros derechos inalienables sobre el territorio de las Islas Malvinas. También advierte acerca de las consecuencias que iban a producirse. Como dije antes habla por sí mismo.
Pido encarecidamente que se difunda lo más masivamente posible, ya que se trata de un documento que es una prueba irrefutable y que como en la vieja definición de justicia: da a cada uno lo suyo.
Un abrazo y mi saludo fraternal a quienes concurrieron a aquel histórico plenario en la ciudad de Necochea.
Federico T. M. STORANI
LA DECLARACION
Junta Ejecutiva de la JUVENTUD RADICAL de la Provincia de Buenos Aires.
LA J.R. FRENTE A LA RECUPERACION DE MALVINAS.
La Juventud Radical de la provincia de Buenos Aires, coherente con la posición que la U.C.R. ha sostenido en materia de política internacional con respecto a la usurpación de las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, frente a los acontecimientos de público conocimiento, ratifica la reivindicación de nuestra soberanía, pues repudiamos el imperialismo y el colonialismo, que son formas de dominación que atacan a la soberanía de las naciones.
Decimos coherentemente, pues durante el gobierno de Arturo Illia, la Argentina arrancó en el seno de las Naciones Unidas por primera vez en ese foro internacional, el reconocimiento de la condición de territorio ocupado por una potencia colonialista, que había invadido el archipiélago. Merece destacarse que este triunfo diplomático fue producto de una política que en lo interno respetó al hombre, que desarrolló la cultura y la educación, protegió el aparato productivo de la nación y sus riquezas naturales, como nunca luego se hizo y que, en síntesis, convirtió a la Argentina en una nación soberana digna de respeto en todo el mundo. Ningún país votó en contra de la Argentina en 1965, en aquella época regía la soberanía popular, esto es, gobernaban el país los representantes del pueblo, funcionaba el Congreso, el poder judicial era independiente, las provincias eran autónomas: era una República representativa y federal, había libertad y democracia.
La soberanía nacional es el ejercicio práctico de del derecho a la autodeterminación del pueblo en lo que hace a todas sus manifestaciones: cultura, educación, política, economía, bienestar, etc.; no agotándose exclusivamente en la ocupación territorial.
La soberanía que reclamamos sobre las islas del Atlántico Sur es la misma que queremos ejercer en todo el territorio de la Nación. Hoy hemos recuperado el territorio ocupado por la fuerza hace 149 años por los ingleses, nos queda todavía la inmensa tarea de que el pueblo argentino –a través de la plena vigencia de la Constitución Nacional – sea quien rija los destinos de la Nación y poder ejercer plenamente la soberanía en toda la extensión de su significado.
Pretendemos ejercer plenamente la soberanía popular, sin condicionamientos ni límites al disenso, y ejercer en consecuencia la soberanía nacional sobre todo el territorio de la nación.
Sin embargo la Juventud Radical no puede dejar de resaltar que este acto de recuperación se contradice gravemente con toda la política desarrollada por el proceso. En efecto, este gobierno avasalló la soberanía popular ejerciendo la fuerza. Ha prescindido del pueblo y sus canales de expresión, los partidos políticos. Ha comprometido –sin legitimidad alguna- el patrimonio nacional destruyendo el aparato productivo, provocando una desocupación de niveles inéditos. Ha expresado su decisión de entregar el dominio del subsuelo y la plataforma submarina en favor de empresas multinacionales.
El régimen militar, igualmente, ha reprimido a los argentinos que han sufrido la destrucción de sus fuentes de trabajo, del salario y de la posibilidad que sus hijos accedan a la enseñanza pública y gratuita, ha minado las bases del sistema de seguridad social, ha despreciado la capacidad intelectual y moral de los argentinos privándolos de la creación y goce del arte y de la cultura.
El día 30 de marzo de 1982 se abrió fuego contra obreros desarmados y se llegó a asesinar fríamente a un manifestante y herir a muchos más por haber cometido el “delito” de reclamar a las autoridades “Paz, Pan y Trabajo”.
Este aislamiento no se limitó a nuestras fronteras. También se aisló a de la comunidad internacional haciéndose acreedor de la peor de las reputaciones, caracterizándosela como una dictadura fascista. Así, la justa reivindicación de nuestros derechos soberanos sobre las Islas ha quedado diluida, entre otras cosas, por la violación sistemática de los derechos humanos con su secuela de muertos y desaparecidos, presos y exiliados.
En este marco, agravado por la imprevisión e irresponsabilidad gubernativa, se produce el hecho militar. No se contempló para producir tal hecho el estado de vulnerabilidad de la Nación argentina, caracterizado por:
a) Moral del pueblo quebrantada por la crisis social, económica y cultural, agravada por la corrupción más grosera que conoció el país.
b) Economía devastada, con sus resortes básicos en manos extranjeras.
c) Desprestigio internacional del gobierno militar, considerado como una dictadura fascista en un plan de expansión militarista.
El pueblo sufrirá los resultados de ésta imprevisión porque el mayor peso de la crisis sobreviniente caerá sobre sus espaldas, ya que no se tuvo en cuenta:
a) La reacción de las naciones, europeas y americanas, fundamentalmente; y las decisiones de los organismos internacionales como la ONU, la OEA y el Movimiento de Países no alineados.
b) Las medidas económicas de embargos, bloqueo de fondos, vencimientos de deuda externa y consecuentes moratorias, cese de importaciones de material imprescindible, incluso de uso militar.
Párrafo aparte merece señalar la irresponsabilidad con que se ha presentado el hecho consumado al pueblo, de una medida que si bien involucra una reivindicación territorial sentida y anhelada por todos, no ha tenido presente la gravedad de la situación del país. Es así porque:
a) Existe el peligro de la internacionalización del conflicto.
b) El desprecio a la vida que significa una guerra. Es oportuno recordar que los constituyentes de 1853 reservaron al congreso nacional la facultad de declarar la guerra y a la Cámara de Diputados de la Nación –representantes del pueblo de la nación- la iniciativa de las leyes sobre reclutamiento de tropas. En cambio hoy el pueblo es llamado a una guerra sin haber consultado antes su opinión y es convocado a Plaza de Mayo a manifestar su apoyo, cuando tres días antes fue reprimido salvajemente por quienes hoy hablan de la unidad de los argentinos.
c) Por la utilización de la reivindicación histórica para paliar el creciente deterioro de y crisis interna del proceso.
d) Por jugar con el sentimiento patriótico de nuestro pueblo que siempre ha defendido la soberanía cuando ésta ha estado en peligro.
Es por eso que la ratificación que el pueblo en su conjunto, sin distinción de banderías o sectores, ha realizado, no deberá ser interpretada por las actuales autoridades como una adhesión a la política gubernamental ya que el pueblo sigue viendo con preocupación y angustia a quien lo desconoció como fuente legítima de poder y ahora lo convoca a enfrentar una situación que puede terminar en un conflicto armado.
El apoyo que reclama el gobierno ante el hecho consumado y la eventual agresión británica encontrará la condigna respuesta popular, pero ella significará también la exigencia que, de aquí en mas las decisiones sean tomadas y compartidas por quienes realmente lo representan. Esta exigencia implica la reafirmación de lo expresado por la Multipartidaria en orden a la defensa integral de los recursos naturales y específicamente de los hidrocarburos, defensa que significa la irrenunciabilidad de la propiedad de la nación sobre el subsuelo, garantizando el monopolio de YPF. Deberá revertirse necesariamente esta política de hambre y desocupación y deberá volverse al Estado de Derecho, con la plena vigencia de la soberanía popular. Dentro de este marco la dictadura militar deberá mantener informado al pueblo dela república sobre las condiciones en que se dispone a negociar por vía diplomática ya que no solo es irrenunciable el territorio recuperado sino también los derechos soberanos sobre el mismo, no debiendo permitirse en consecuencia, que la negociación se traduzca en concesiones económicas o militares a alguna de las superpotencias (EE.UU o URSS)
Nos preocupa la acción del gobierno que parece no comprender la seriedad de la situación y fomenta desde los medios de comunicación el espíritu belicista, sin dar las explicaciones del caso y sin importarle qué piensa el país.
Tanto las declaraciones del gobierno como la manifestación del sábado 10 de abril son muestra del objetivo oculto de la medida: ganar espacio político para obtener una salida fácil y elegante e imponer un manto de olvido a lo que ellos hicieron desde el 24 de marzo de 1976 hasta la fecha.
La soberanía se debe defender día a día, en forma pacifica, pero indeclinable. Hoy parece que quien la renunció y entregó el orgullo nacional se desespera por recuperar su imagen a cualquier costo. Hay que mantener la serenidad que nos impone nuestra conciencia limpia.
No prestaremos apoyo al gobierno militar, no queremos sumarnos a las voces irresponsables que cantan loas a las FFAA demostrando una total inconciencia sobre la seriedad de la situación actual, ya que éste gobierno demostró durante 6 años su incapacidad para conducir los destinos de la Nación.
Solo apoyaremos la acción de defensa nacional pero participando en las decisiones e imponiendo los cambios impostergables.
11 de abril de 1982.
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